Túnel de Occidente: La mirada desde los entes gubernamentales

El Túnel de Occidente ha sido una obra emblemática para la conexión de Medellín con la vía al mar. En los artículos anteriores referentes a este tema se expuso la inconformidad de la comunidad de San Cristóbal y Palmitas, la posición de algunos concejales de Medellín y la empresa DEVIMAR. Igualmente se plasmó el sinsabor de los afectados por el silencio administrativo de las entidades públicas locales y departamentales sobre la megaobra. Corantioquia, la Gobernación de Antioquia y el Área Metropolitana de Medellín se pronunciaron al respecto.


Corantioquia al tratar el tema enfatiza que la obra es de orden nacional, por ende, la entidad competente para recibir información de la comunidad es el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Además expresa que solo tiene la función de realizar visitas, presentar informes técnicos y recepción ambiental y social que presenta la comunidad frente a las posibles afectaciones del proyecto para luego remitir a la ANLA. En otras palabras, el Túnel de Occidente, según lo expresan, le compete directamente al ente nacional.


La Gobernación de Antioquia participó de manera activa de la Fase I del Túnel de Occidente y estuvo presente en el manejo socio-ambiental del proyecto. La entidad afirma: “Las medidas dispuestas en el Plan de Manejo Ambiental - PMA asociado a la Licencia Ambiental con Resolución 0762 de 1997, a través de los diferentes programas incluidos en el mencionado PMA, para la ejecución de las obras entre los años 1998 y 2005”. Esto quiere decir que la entidad se ciñó a lo establecido para dar cumplimiento a todo lo estipulado por la ley para velar por la ejecución de la obra.


Además, la Gobernación menciona que el día 30 de junio de 2016, se suscribió el acta de entrega del Departamento de Antioquia a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en virtud de la Cláusula Primera del Otrosí 34 del 03 de Agosto de 2015, del Convenio 0583 de 1996, en la cual están todas las disposiciones frente al proyecto y se establece que es voluntad de los socios del proyecto entregar a la ANI la totalidad de la infraestructura. Pero ya se había mencionado en los artículos anteriores que fue en el otrosí 36, en su cláusula primera del mismo convenio, que las obligaciones estaban en cabeza de los socios, por ende, la ANI no está obligada a responder. Surge la siguiente pregunta: ¿de quién es entonces la responsabilidad de atender los requerimientos de la obra?


Así mismo, la Gobernación de Antioquia hace mención a dos temas importantes. El primero es que la entidad le entregó a la ANI lo siguiente: inventario vial e infraestructura, equipos de túnel, edificios e instalaciones que forman parte de la entrega, Información documental en relación con el túnel y mobiliario, herramientas y equipos. La segunda es que la entidad deja plasmadas las tareas pendientes de la Fase I.


De otro lado, el Área Metropolitana manifiesta que hizo presencia en el proyecto en el periodo 2008-2011. Allí realizó diferentes actividades para mitigar los daños causados por los largos períodos invernales que afectaron al sector durante los años mencionados, como por ejemplo la estabilización de taludes, banca y pavimentación de calzadas; suministro, mantenimiento y prestación de servicios propios del túnel (energía, peajes, servicios públicos, etc.), administración de peajes, entre otros. Así mismo como el reasentamiento de la población afectada en el año 2011.

 

Igualmente, cita que en el otrosí 18 del convenio anteriormente mencionado (0583 de 1996) se definieron las obligaciones de los socios de la obra, las cuales son las siguientes:

 
  1. Institución Nacional de Vías: adelantar las gestiones para la recolección del dinero equivalente al 50% del presupuesto total durante las vigencias 2008 y 2009.

  2. Departamento de Antioquia: adelantar las gestiones para la recolección del dinero equivalente al 50% del presupuesto total durante las vigencias 2008 y 2009 y gestionar con la Empresa de Vivienda de Antioquia la suma de un millón quinientos para cada una de las familias afectadas por la obra en la carrera 80, a través del programa de Vivienda de Interés Social.

  3. Municipio de Medellín: Aportar la suma de dos mil millones de pesos dentro de la vigencia fiscal 2007 para el acompañamiento de las familias impactadas. Además de la destinación de unidades mínimas de vivienda. También, gestionar en la vigencia fiscal 2008 para la adquisición de predios aledaños que tengan afectaciones directas, entre otras.

  4. Área Metropolitana: Se compromete a la presentación de adquisición del presupuesto con vigencia fiscal del 2008 y atender cualquier modificación frente a la Junta Directiva de la misma entidad.


¿Realmente han asumido estas obligaciones cada uno de los entes? Se evidencian muchas obligaciones y deberes, pero en las respuestas no se vislumbran estos compromisos, prueba de ello es el otrosí No 37 del 28 del 2017, donde se ratifica que las obligaciones de los socios.



  • Twitter

1 Comentarios

  • image description
    arturo sierra s 15 de septiembre de 2017

    Un artículo dirigido a los entes gubernamentales que hasta ahora todos se chutan el balón.

Ingresa su mensaje

Dejanos su comentario..


Quiénes somos?

Bajolamanga es un medio de opinión informal y alternativo que invoca las palabras para detallar, a la luz de quien escribe, la caracterización de una situación particular que el columnista retrata.

Y así de diversas como son las palabras y las opiniones, así nos proyectamos nosotros, con una única consigna y afiliación: la de la pluralidad, la que permite hablar, debatir y construir a partir de la diferencia y el respeto.

Publicidad
image description
Suscríbete

Recibe nuestras columnas más visitadas del último mes y mantente informado de nuestros eventos proporcionándonos los siguientes datos.