La explotación sexual de menores y las bandas criminales en Medellín

La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), entendida como los abusos cometidos a menores entre los 0 y 17 años con fines sexuales a cambio de cualquier tipo de remuneración, es una problemática latente en la ciudad de Medellín que continúa expandiéndose y consolidándose. Esto se debe, en gran medida, a la multiplicidad de actores y dinámicas que posibilitan su ocurrencia. Uno de estos actores, que profundizan y catalizan la problemática, son las bandas criminales.

Al revisar las investigaciones realizadas sobre el tema por la Alcaldía de Medellín y el Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de esta ciudad, fue posible evidenciar que dicha relación entre la ESCNNA y el crimen organizado se basa principalmente en la venta de drogas y en el cobro de cuotas a cambio de protección. En el caso de la Comuna 10-La Candelaria (centro de la ciudad), el fenómeno de la ESCNNA vincula varios tipos de negocios: hoteles, bares, restaurantes, entre otros. Todos ellos sirven de intermediarios entre las víctimas de explotación sexual y sus clientes, y por esta razón, no solo compran droga para complementar su oferta sino que pagan por la protección que ofrecen las bandas criminales. También, quienes se prostituyen en vía pública de manera independiente son víctimas de la misma extorsión.

Por otro lado, de la información que se tiene sobre la Comuna 14- El Poblado, donde la prostitución se da, sobre todo, en un contexto de turismo, no se comprobó que existiesen cobros por protección pero sí se tuvo constancia de la venta de drogas a las redes de prostitución por parte de los grupos criminales. Incluso se observó que han estado implicados miembros de la policía: en enero de 2017, 26 personas, entre ellos 7 agentes de la Policía, fueron capturados y señalados de pertenecer a una banda criminal que se especializa en la distribución de drogas en Medellín, particularmente en el sector de El Poblado.” (OPPCM, 2017, 17)

Ahora bien, sobre ambas situaciones que muestran la gran complejidad del fenómeno influenciado por las bandas criminales, cabe preguntarse qué implicaciones tiene para el Estado y cómo ha sido su labor para contrarrestarlas. En esa medida, es relevante traer a colación la característica que, de acuerdo con Max Weber, define a un Estado: el monopolio de la fuerza. Esto quiere decir que solo a él le corresponde el uso de la violencia física para mantener el orden social, y con ello, brindar seguridad a los ciudadanos. En palabras de Weber: “si solamente existieran configuraciones sociales que ignorasen el medio de la violencia habría desaparecido el concepto de Estado y se habría instaurado lo que, en ese sentido específico, llamaríamos anarquía” (Weber, 2012, 83-84).

De este modo, dichas configuraciones vendrían siendo las bandas criminales que ignoran el poder del Estado y establecen el propio, dado que tienen control sobre el territorio y poseen medios de violencia que compiten con los de la institucionalidad. Esta situación pone en riesgo a las comunidades, pues pasan a estar a merced de la voluntad arbitraria de las estructuras criminales, cuyo fin último es lucrarse. Con esto no se pretende desconocer que en muchas ocasiones la población de un territorio atribuye legitimidad al accionar de las bandas; sin embargo, se deben destacar las victimizaciones que son igualmente producidas por él.

En el caso de la ESCNNA son bastante visibles, dado que la seguridad aportada por los grupos criminales al negocio ilegal de explotación de menores permite que este continúe existiendo en conjunto con el consumo de estupefacientes. Cabe decir que muchas de las jóvenes logran ser victimizadas y manipuladas con facilidad precisamente porque se les induce a drogarse, y cuando se vuelven dependientes a estas sustancias, necesitan del explotador para conseguirlas.

Del mismo modo, cuando se trata de las menores que trabajan en vía pública, también existe una victimización que revela la doble moral con la que trabajan las bandas criminales. Al mismo tiempo que ellas ofrecen protección a las jóvenes prostitutas que tienden a ser marginadas y señaladas socialmente, dificultan su situación económica y llegan a abusar del poder que ejercen sobre ellas. Como sostienen investigadores de la Alcaldía: “pueden hacer uso de la fuerza contra las víctimas que aparentemente protegen, con el propósito de mantener su control territorial a través del castigo y la dominación”. (Alcaldía de Medellín, 2016: 28)

De lo anterior se puede concluir que, aunque el crimen organizado suplanta al Estado y se apropia de sus funciones, se aleja simultáneamente de su fin auténtico de proveer el bienestar general y, por el contrario, perpetúa la violación de derechos humanos (en este caso de las jóvenes explotadas). Por ello, como ciudadanos debemos cuestionar la legitimidad que se les pueda atribuir y asimismo evaluar las medidas que toma el Estado para combatir la problemática: si bien es importante la labor de la Policía en el asunto, pueden existir razones estructurales en su persistencia que requieran soluciones integrales a largo plazo. 

Referencias:

·         Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín. 2017. La ESCNNA como renta criminal en Medellín. Medellín: Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín.

·         Alcaldía de Medellín. 2016. La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes asociada al turismo en Medellín: el caso de la zona céntrica de El Poblado, 2016. Informe final (versión inédita). Medellín: Alcaldía de Medellín.

·         Weber, Max. 2012. El político y el científico. Madrid: Alianza Editorial.

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