01/04/17: marchamos por indignación

El encuentro planeado para el próximo sábado primero de abril es quizás el único espacio para que los opositores a la maquinaria politiquera de Juan Manuel Santos, que no necesariamente son uribistas, nos manifestemos en contra del sacrilegio a la institucionalidad derivada del actual gobierno. 

Marcharemos el primero de abril para expresar nuestra indignación ante la prostitución adoptada por las altas cortes, el Congreso y demás corporaciones que comparten entre las cobijas, con Juan Manuel Santos y los billetes del recurso público, con el fin de avalar un agenda gubernamental carente de legitimidad y denominada como “paz”. Tal es el caso del polémico Fast Track, un arquetipo aprobado por la Corte “Constitucional” a partir del soborno, y sin justificación jurídica coherente, tendiente a mitigar la culpabilidad de responsables penales para luego presentarlos ante la comunidad como vigías del orden y la moral social, cuando en realidad son actores de delitos de lesa humanidad.

Marcharemos ante la indignación provocada por el menoscabo al erario público en nombre de una paz ficticia en un país cuyo principal problema radica en los altos índices de corrupción y en la fragilidad institucional. Haciendo apología a una falsa paz, la economía colombiana se ha visto golpeada por altos gravámenes tributarios que han devenido del malgasto ilimitado y afanado de Juan Manuel Santos, tendiente a consolidar el bastión de la “paz” con el cual apenas alcanza a sostener el timorato 17% de aprobación del cual dispone. La Reforma Tributaria recientemente aprobada es la errática medida adoptada ante un déficit fiscal ocasionado en gran parte por el derroche que ha costado la elaboración de la paloma de Troya disfrazada de prosperidad y bienestar, pero cargada con sangre, ruina y zozobra.

Algunos colombianos no estamos dispuestos a que un grupo criminal en complicidad con el gobierno del aumento parcial del cultivo de coca en nuestro suelo, de repente acuda al campo a enseñarle al pequeño campesino respecto del cultivo lícito, más aun cuando sus miembros, que se hacen llamar enemigos del latifundio y del acaparamiento de tierras, albergan terrenos protuberantes cuyo valor, apenas en el eje cafetero, se tasa en 60 mil millones de pesos.

Saldremos a las calles a exigir respeto hacia la institucionalidad democrática asechada por los lobos del gobierno de transición y de la Justicia Especial para la Paz; instrumentos acomodados al sentimiento de venganza en contra de quienes nos oponemos a los que ahora se ufanan como “nuevos defensores de derechos humanos”; instrumentos que coartan el voto popular y propenden por la implementación de un gobierno títere en pro de los suscriptores del denominado acuerdo final, para rematar con un modelo de justicia inquisitivo cuyo objetivo será destruir política y moralmente a todo aquel que se oponga a las ignominias adoptadas en el pliego de peticiones unilateral de las FART, a través del juzgamiento impartido por jueces y fiscales nombrados a dedo por el verdugo, suprimiendo la principialística del derecho procesal, la justicia ordinaria y pisoteando la Carta Política.

En el pasado vivimos la humillación al presenciar cómo figuras perversas como el encarcelado Salvatore Mancuso, pronunciaba un discurso en el corazón del Congreso de la República instando a la defensa de derechos humanos, el orden y “el amor por Colombia”. Pues bien, algunos nos resistimos a permitir que la historia se repita. Unos cuantos no estaremos dispuestos a escuchar retórica en pro de los derechos humanos pronunciada por actores de delitos de lesa humanidad como el señor Timochenko o el señor Márquez, cuya conducta igualitaria a la de Mancuso, solo es perdonada una vez se purgue con las sanciones severas adecuadas.

Finalmente, marcharemos para sofocar la indignación provocada en un país donde la congestión legal cosecha la inseguridad jurídica; un país donde no se limitan las competencias institucionales; un país donde los jueces llegan a audiencias de alegatos con las sentencias elaboradas sin siquiera haber escuchado las motivaciones de las partes; un país donde la tutela es el servicio de salud más efectivo; un país donde su presidente desesperado recurre al Papa, el mismo Papa que dijo que de ganar el “sí” el 02 de octubre de 2016 pisaría suelo colombiano menospreciando de pleno la filosofía laica, para recalar ahora en nuestra tierra e intentar rescatar, si acaso, un poco del respaldo fallido del señor Santos.

Así las cosas y si “a bien lo dispone el creador”, marcharemos el 01 de abril de 2017 por Colombia y por lealtad hacia la Constitución Política.  


Foto: http://libguides.cng.edu/c.php?g=40925&p=3309743

 

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151 Comentarios

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    Alejandro Vallejo 30 de marzo de 2017

    El desconocimiento económico que argumenta el columnista es increíble. La reforma tributaria nada tiene que ver con el proceso de paz. No es más que preguntarle a cualquier economista. Quieren desorientar y desinformar a la opinión pública con este y muchos otros falsos argumentos. Si tiene pruebas de que el gobierno está sobornando a las cortes, es su deber ciudadano presentar las denuncias correspondientes, usted como abogado debería saberlo.

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