La nueva doctrina militar del ejército: doctrina damasco

A pesar de la propaganda que por medios de comunicación institucional y comercial se ha hecho de la fuerza pública colombiana para mejorar sus imagen, los excesos en el ejercicio de sus funciones permiten sostener que es una de las instituciones más peligrosas para la consolidación de la democracia colombiana y los nuevos escenarios que se perfilan actualmente. Basta con mirar los abundantes fallos disciplinarios expedidos por la Procuraduría, las condenas penales y los informes y sentencias del sistema interamericano de derechos humanos contra el Estado colombiano por actuaciones de la policía y el ejército, para inferir sin mucho esfuerzo que allí yacen muchos de los detonantes para la preocupante situación de violencia institucional que padece nuestro país.

Por lo anterior, uno se sentiría tentado a sostener con firmeza que la Fuerza Pública tendría que ser una de las instituciones que mayor transformación debería tener en el post acuerdo. Sin embargo, como ya se ha demostrado en el último año, nada parece ir por ese camino, pues lo cambios implementados no son más que máscaras y lentejuelas democráticas. Una vez se caigan, saldrá de nuevo la violencia institucional que la ha caracterizado.

Recordemos que el Gobierno Nacional ha presentado por los medios de comunicación lo que a su juicio son importantes cambios a la Fuerza Pública en el último año. En primer lugar se presentó el nuevo código de policía y ahora estamos en presencia de un cambio de la doctrina militar en el Ejército de Colombia. Son cambios importantes y diferentes, por eso hoy quiero centrarme en la nueva doctrina del Ejército de Colombia; pues ya en otras ocasiones he hablado del nefasto nuevo código de policía[1].

Ha iniciado el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa la implementación de la “Doctrina Damasco”. La doctrina consiste en un conjunto de manuales que regularán el comportamiento del Ejército de Colombia por medio de una reforma de la cultura de dicha institución.

No queda más que festejar que se comprenda, por parte del Gobierno, la importancia de replantear la forma como ésta institución ha entendido su rol en la sociedad colombiana. Tres referentes de gran importancia espero se hayan tenido en cuenta: La carta de derechos de la Constitución de 1991, el bloque de constitucionalidad y el acuerdo para la terminación del conflicto armado celebrado entre el Gobierno y las Farc- EP. De lo contrario, habrá sucedido como con el nuevo Código de Policía, que reprodujo una visión parroquial, retardataria del rol de ésta institución y que continúa con la lógica del enemigo interno, es decir, todo lo que cuestione el establecimiento podría ser interpretado como subversivo y en ese sentido, reprimido.

Empecemos pues por ir poniendo sobre la mesa cuestiones que deben preocuparnos e invitar al Gobierno Nacional a replantear desde una perspectiva de derechos, la doctrina militar que parece se propone ya que parece que estamos lejos de ese rumbo.

Por ejemplo, genera preocupación que la influencia de la nueva doctrina fuera la “impronta del Ejército de los Estados Unidos, OTAN, países aliados, centro de entrenamiento y doctrina de los estados unidos” Recuérdese que dichos países fueron los que introdujeron en la cultura militar colombiana, la doctrina del enemigo interno, iniciada por el OAS[2] y continuada por medio de la Escuela de la Américas, hoy, Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad; los mismos que en su momento aprobaron el “waterboarding” o ahogamiento simulado. Un método de tortura usado por la CIA en años recientes. Ojalá la tortura como uso “racional” del dolor no esté en la nueva doctrina

Es importante al respecto, señalar que violando el principio de demarcación[3], la doctrina de seguridad nacional que creó la noción de enemigo interno, trastocó las funciones del ejército, destinado por excelencia a la seguridad del Estado y sus fronteras frente amenazas externas, a volverse contra los supuestos enemigos internos-amenaza comunista-. Así el ejército suplantó a la Policía Nacional en su labor de seguridad interna, con todas las consecuencias negativas que ya se conocen-falsos positivos-. Conviene destacar que mientras Estado Unidos de América fomenta la fusión de seguridad y defensa, cuenta con una Ley que firmemente las separa, esto es la ley Posse Comitatus, vigente desde 1878.

Es de esperar que por fin se supere la doctrina de seguridad nacional y del enemigo interno pues ella ha facilitado la persecución de líderes sociales, comunitarios y campesinos bajo el estigma de ser una amenaza para la seguridad del estado. Cabe advertir que pareciera que la fuerza pública está pensada por parte de los dirigentes colombianos no para combatir el delito sino para que la población no se organicen pacíficamente o  reaccionen contra la política económico-social por medio de la protesta social.

También llama la atención que en el nivel I de implementación, donde se transmitirá a los miembros del ejército los conceptos y principios fundamentales, se haga especial énfasis en “la guerra terrestre del siglo XXI”. ¿Acaso proyecta el Estado Colombiano iniciar una guerra terrestre contra algún ataque externo?, ¿Enfrentamos una amenaza?, ¿De quién? ¿O será que pondrán a nuestro ejército como mercenarios de guerras ajenas? Espero que no.

Son muchas las preocupaciones que la doctrina genera. Será necesario retomar su lectura juiciosa. Por ahora, para no ser señalado de realizar muchas críticas y pocas propuestas quisiera proponer unos pocos acuerdos que deberían suscribir todos los partidos para que guíen la nueva doctrina militar del ejército y que debería ser respaldada por una Ley con debate en el congreso y no a espalda de los ciudadanos por medio de manuales de operación.

1.      La Fuerza pública debe estar subordinada al poder civil. De ninguna manera debe tener prevalencia sobre las decisiones que la ciudadanía por los medios democráticos institucionalizados decida. Los denominados ruidos de sables deberían ser actitudes repudiadas sin ninguna condición.

2.      De acuerdo con lo anterior, de ninguna forma, los controles administrativos, disciplinarios y penales deben ser resueltos al interior de la misma entidad, pues dejaría en entredicho el control civil sobre la fuerza pública. Los fueros penales especiales y las decisiones administrativas al interior de dicha institución socavan al control democrático de la fuerza pública. Es la jurisdicción civil quien debe determinar las responsabilidades jurídicas, nunca las militares.

3.      En el pretendido estado democrático y constitucional colombiano no debería existir la posibilidad legal y constitucional de que haya intervención militar en los asuntos de seguridad interior. Eso además de generar la desprofesionalización del ejército, respecto de sus funciones principales, facilita la corrupción y la politización de dicha institución, como ya ha pasado en nuestro país.

   4. Se debe demarcar, sin ninguna condición, que las funciones propias del ejército nacional se reduce a los eventos de de agresiones armadas por parte de otros Estados u organizaciones internacionales nunca para resolver asuntos de orden público interno.



[1] https://www.academia.edu/27626932/El_nuevo_poder_de_polic%C3%ADa_y_la_diversidad


[2] Organización Secreta del Ejército Francés


[3] Por principio de demarcación se entiende el acuerdo en torno a diferenciar(i) las funciones de defensa de la seguridad externa del Estado, realizada por el Ejército Nacional y (ii) las funciones de garantizar la seguridad interna, es decir, el orden público interno por medio de la Policía Nacional 


Escrito por : Alejandro Matta Herrera 

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2 Comentarios

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    mjfuDuBXc 26 de marzo de 2017

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    Ricardo Carvajal 22 de enero de 2017

    Excelente: nuestra clase política siempre ha hecho alarde de que nuestro país es la primera democracia de América Latina y nos han querido poner como ejemplo frente a países como Argentina, Chile, Paraguay, etc que padecieron " las peores dictaduras" en la segunda mitad del siglo pasado. Sin embargo al sumar los desaparecidos por esas 3 horribles dictaduras no llegan ni a la mitad de los 60.000 desaparecidos que hemos sufrido en nuestra "ejemplar democracia" en los últimos años. Decía la presidenta del Nobel en su discurso frente a Santos, que de las 2.000 masacres perpetradas en Colombia durante el conflicto, sólo 650 se atribuyen a las Farc. Las otras 1350 ocurrieron a manos del Ejército y los paramilitares. Esto muestra claramente lo q es nuestro ejército y para quién trabaja y dudo mucho q haya cambiado su posición con la sola firma de los acuerdos de la Habana. Felicitaciones por vislumbrar lo q nos corre pierna arriba

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