En defensa de la Constitución de 1991 en sus 25 años

Dado el “boom” mediático que han tenido los  acuerdos de paz con las FARC, se ha pasado por alto un importante  hecho conmemorativo de la historia reciente de nuestro país: Los 25 años de la Constitución política de 1991. Suceso que según muchos no materializa  motivo alguno  para rememorar ya que consideran  la actual carta política como un fracaso estrepitoso, argumentando que en este cuarto de siglo no se han alcanzado las metas que se le encomendaron al momento de su concepción, hace ya más de dos décadas; sin embargo, declarar como fallida la empresa depositada en la vigente carta magna no es algo que pueda afirmarse tan fácilmente, ya que a pesar de los advenimientos  y flagelos  a los cuales  ha sido sometida la sociedad colombiana por décadas, podríamos afirmar que  la vigente “ norma de normas” no constituyó solamente un gran avance en materia de la protección de derechos y garantías fundamentales para  cualquier persona en el territorio colombiano, sino que sin duda alguna marcó un antes y después en la  historia del constitucionalismo colombiano.

Empecemos por afirmar que el nacimiento de la Constitución de 1991 se debe en gran parte a  la lucha del movimiento estudiantil, quienes motivados por el ideal de acabar con el miedo y zozobra que azotaban a la sociedad colombiana a raíz del narcotráfico de finales de los años ochenta (80), y principios de los noventa (90), bajo el lema de “ todavía podemos salvar a Colombia”, logran la  sorpresiva inclusión de una  papeleta en los comicios de aquel entonces para llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, que pretendía  reemplazar la ya centenaria y obsoleta Constitución de 1886. De forma insólita,  la mencionada papeleta recibe una amplia acogida dentro del electorado y  por tanto se ordena la conformación de una asamblea Nacional Constituyente para la redacción de una nueva norma fundamental, que pudiese responder a las necesidades y circunstancias de la sociedad colombiana  en aquel entonces.

Dentro de los grandes cambios e inclusiones en esta nueva carta, quiero hacer especial referencia a las que considero las dos instituciones más importantes y relevantes que incluyó la Constitución de 1991: La acción de tutela y  la creación de un tribunal constitucional para garantizar la guarda y protección de los derechos fundamentales  allí contenidos.

La acción de tutela, cuya figura fue basada en el recurso de amparo existente en los ordenamientos jurídicos mexicano y español, es la  acción constitucional por excelencia, ya que es la encargada de resarcir las vulneraciones a los Derechos Fundamentales, cumpliendo un importante papel en la carta de 1991, pues la Constitución de 1886 no concebía una figura que garantizara  medidas con características de protección e inmediatez, como las que ofrece la acción de tutela; si bien la eficacia de esta figura ha sido puesta en tela de juicio, especialmente en lo referente a los temas que versan sobre la salud,  es imposible esperar que se garantice la protección de derechos por medio de instrumentos jurídicos, cuando las instituciones del Estado son incapaces de cubrir satisfactoriamente las necesidades de sus co-asociados,    tal y como sucede con el sistema de salud, el cual se encuentra  sumido en una profunda crisis. Crisis que a la postre solo ha contribuido a agravar el colapso de la justicia, congestionando los despachos judiciales con tutelas que al final no serán cumplidas por la grave problemática en materia de la prestación de los servicios mencionados.

La segunda gran innovación que presentó la carta política de 1991, fue sin duda la creación de un tribunal constitucional autónomo.  Hasta este año no existía un cuerpo colegiado judicial independiente como medio de protección y defensa a la constitución colombiana. Recordemos que la carta anterior concebía la sala constitucional adscrita a la Corte Suprema, sin embargo dadas las necesidades y vicisitudes por las cuales atravesaba la sociedad colombiana en aquel entonces, el órgano constituyente consideró necesaria la creación de un órgano judicial independiente al supremo tribunal de la jurisdicción ordinaria.  Desde su instalamento, la Corte  Constitucional ha jugado un importante papel en la transformación de la sociedad colombiana, con  trascendentales pronunciamientos  en materia  de temas controversiales, tales como: la despenalización de la dosis personal, la legalidad en determinadas circunstancias del aborto y la eutanasia.  Estas dos últimas han sentado importantes precedentes, principalmente en cuanto a los derechos de las mujeres y la autonomía de las  mismas en lo atinente a decisiones frente a su cuerpo, y en segundo lugar el reconocimiento a una muerte digna a personas  cuyo sufrimiento les impide llevar una vida adecuada.  

Sin embargo, y a pesar de los avances positivos mencionados con anterioridad, hay quienes consideran que la Constitución de 1991 ha fracasado rotundamente en sus lineamientos y finalidades, tanto que se han levantado voces que propugnan por la convocatoria a una nueva asamblea nacional para sustituir la actual carta y establecer un nuevo orden constitucional.; uno de los principales argumentos de quienes sostienen lo anterior es la gran cantidad de reformas que ha sufrido la misma a lo largo de su vigencia, basta con mencionar la polémica reelección presidencial, la cual en principio estaba proscrita en la carta; posteriormente durante el gobierno de  Álvaro Uribe Vélez, se introdujo una modificación a la misma donde se permitió la reelección por una sola vez  consecutiva; modificación que a la postre sería suprimida durante la administración de Juan Manuel Santos (irónicamente durante su segundo mandato) para regresar la figura de la elección presidencial a un único  periodo de cuatro años.  Por esta y otra gran cantidad de reformas que ha sufrido la actual carta, los detractores de la misma afirmaban que esta había perdido  su filosofía y por tanto ya no plasmaba los fines y metas que se estableció al momento de ser confeccionada por la Asamblea Nacional Constituyente.

Otro sector que propugnaba por la derogatoria del actual orden constitucional eran las FARC. Al iniciar los diálogos de paz en Cuba, uno de los puntos que exigía el grupo alzado en armas era precisamente la convocatoria a una asamblea nacional, pues consideraban que solo por este medio podría darse una verdadera inclusión constitucional a los acuerdos, sin embargo el gobierno negó rotundamente que existiera la más mínima posibilidad  que se diera un acuerdo de lo refrendado por esta modalidad.

Por  todo lo anterior entonces,  surge la inquietud de si la Constitución de 1991  ha colmado las expectativas y finalidades por las cuales fue concebida hace ya más de 20 años, o si  por el contrario, esta ha fracasado  en razón a que no ha cumplido con lo que se le encomendó en un ´principio y por el contrario todas sus modificaciones y reformas, solo han  desvirtuado  su ideología inicial y por ende no sería descabellado considerar establecer una nueva norma fundamental en el ordenamiento jurídico colombiano. Frente a esto, consideramos que es muy pronto afirmar un triunfo o fracaso de la Constitución en estos veinticinco años de vigencia; recordemos que las constituciones deben estar diseñadas para ser estables, ya que estas son la columna vertebral de los ordenamientos jurídicos y por tanto deben ser creadas con el ánimo de perdurar por un  período de tiempo indefinido, el más claro ejemplo de lo mencionado anteriormente es la Constitución norteamericana, la cual se ha mantenido en pie por más de dos siglos . Vale la pena destacar también que la actual Carta  se encuentra enmarcada dentro de la idea del pluralismo ideológico,  bajo la cual se protegen las distintas tendencias religiosas, sexuales y demás derechos que se constituyen como fundamentales dentro de las estructuras sociales modernas.

Para finalizar, reiteramos la idea de que la solución no es la derogación del orden constitucional vigente, ya que esto solo terminaría  desarticulando los logros alcanzados  por la constitución actual, causando  desestabilizaciones al orden social; por el contrario, los órganos estatales deben continuar en la ardua de labor de mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas para así continuar forjando los logros trazados por la Constitución  en su génesis. 

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