Asamblea Nacional Constituyente, el verdadero camino hacia la paz

Un elemento fundamental que se debe tener en cuenta en el estudio del derecho público y en la generación de propuestas de solución a problemas sociales, es el contexto en el que se desarrolla el fenómeno político. La pertinencia de todo análisis está condicionada a su mayor conocimiento. Hace 25 años fue adoptada una Constitución Política que ha propiciado importantes cambios institucionales, no obstante, se advierte al día de hoy la pervivencia de algunas de las dificultades que con ella se procuró superar y de otras propias de la nueva realidad política, las que en su conjunto adquieren la fuerza suficiente para considerar la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. El texto completo lo podrá encontrar en nuestra página de internet.

La crisis de legitimidad de todos los órganos del poder público, en especial de la administración de justicia, el debilitamiento de la autonomía judicial, la ausencia de acuerdos mínimos en relación al razonamiento jurídico que se debe promover en el Estado social de derecho, el hiperpresidencialismo, el exagerado centralismo administrativo, la inequidad social, la ausencia de reformas agrarias sustanciales,  el agotamiento de la tutela como mecanismo eficaz de protección de los derechos fundamentales y la débil satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales reflejada en la crisis de la salud, de la educación y en la desprotección de la clase trabajadora, los altos niveles de corrupción, la frágil cultura ciudadana reflejada en niveles injustificables de abstención política y la consecuente crisis de la representación política, el debilitamiento del órgano legislativo representado en la llamada Unidad Nacional que diluye la posibilidad del ejercicio del control político al ejecutivo y la omisión en el cumplimiento del deber de expedición de leyes requeridas por la Corte Constitucional a través de las sentencias exhortativas, aunado al aumento del narcotráfico, son, entre otros, problemas que han aportado a la continua fragmentación de nuestro Estado social de derecho.

A las circunstancias anteriores, se suma la presencia de un acuerdo con el principal movimiento subversivo del país encaminado al cese del conflicto armado interno; proceso que se erige en uno de los hitos políticos más importantes de los últimos cincuenta años y que, a la vez, se ha acusado de ser ilegítimo a causa de la imposibilidad de generar consensos en torno al mismo, a la conversión de ese acuerdo en herramienta para el ejercicio de oposición política y en promesa electoral para las próximas elecciones presidenciales. Estas situaciones han promovido una polarización política sin precedentes en torno a un tema tan importante como la paz, que se ha nutrido de las oscilantes decisiones proferidas por la Corte Constitucional en relación a los mecanismos de refrendación de los acuerdos al pasar de la democracia directa y participativa (sentencia C-379 de 2016) a la indirecta o representativa (sentencia C-699 de 2016) y al debilitamiento del mecanismo creado por el gobierno nacional para la implementación de los acuerdos denominado fast track por sentencia de la Corte Constitucional C-332 de 2017 cuyo texto aún no se conoce,  según la cual ese mecanismo afectaba la separación de poderes, el principio democrático y la generación de consensos[1].

Es claro que la paz, como derecho[2], no llegará con la firma de los acuerdos; éstos son, apenas, la consolidación de un pacto sobre aspectos mínimos, siendo la principal obligación de todas las fuerzas del Estado y de la sociedad en general, continuar construyendo la paz a través de los medios democráticamente instituidos al margen de la ideología política del gobierno de turno y de intereses partidistas. Nunca se podrá olvidar que Colombia padeció un conflicto armado que dejó la dolorosa cifra de ocho millones (8’000.000) de víctimas[3]. En honor a ellas y a las futuras generaciones es necesario pensar no solo en soluciones que pongan fin al cese del conflicto sino que eviten el surgimiento de uno nuevo. Aún padecemos de un sinnúmero de problemas estructurales con hondas repercusiones sociales que fueron, en unos casos, la causa del inicio del conflicto armado interno y, en otros, la razón que alentó el proceso Constituyente en el año 1991. En otros términos, no se puede negar que aún subsisten, en mayor o menor medida, algunas de las principales razones que impulsaron el surgimiento de movimientos subversivos así como la actual Constitución Política de 1991.

 

Sobre esa realidad política y social, se construye el presente escrito que tiene como objetivo exponer algunas razones dirigidas a demostrar la pertinencia de una Asamblea Nacional Constituyente como el medio más idóneo dentro del ordenamiento jurídico colombiano para introducir reformas constitucionales que permitan superar problemas históricos y estructurales[4] en tanto que facilita la expresión directa del constituyente primario, promueve los mejores escenarios para la construcción de los consensos políticos necesarios para la superación de las causas de la actual crisis institucional y eleva las disposiciones que de allí surjan al rango de norma, directriz o valor Constitucional.

No es casual, ni puede pasar desapercibido, que desde frentes ideológicos muy distintos se haya propuesto una Asamblea Nacional Constituyente. Para el año 2013, las FARC-EP señalaban el doble carácter de dicha Asamblea: “Por un lado refrendará acuerdos que comprometan el orden constitucional o no alcanzados en la Mesa de diálogo. Por otra, sería de proyección y expansión democrática real de asuntos propuestos por el constituyente”[5]. Posteriormente, en el marco de la décima conferencia de las FARC, esa guerrilla aprobó el acuerdo final e insistió en la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente que evidenciara un gran pacto político para atender los ajustes y reformas constitucionales que la paz demande[6]. De manera casi simultánea el Centro Democrático, partido político de derecha que se ha opuesto a los acuerdos suscritos con el movimiento subversivo, propuso la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente limitada al estudio de los acuerdos de la Habana con facultades suficientes para ratificarlos o reformarlos[7].

Las voces que invitaban a una Asamblea Nacional Constituyente se atenuaron con la victoria del NO en el plebiscito especial para la paz del pasado 2 de octubre y con la refrendación realizada a los acuerdos por el Congreso de la República en noviembre del 2016, pero los problemas estructurales aún perviven. En este contexto se debe pensar en un mecanismo que no solo viabilice la incorporación de lo acordado con las FARC al ordenamiento jurídico positivo sino que, también, tenga la capacidad de generar un consenso en relación a las condiciones mínimas de convivencia pacífica y pueda solucionar de manera eficaz los problemas estructurales generadores de nuevas formas de violencia.

Con fundamento en lo expuesto, recordando la obligación de lograr la mayor legitimidad posible y teniendo consciencia de los riesgos advertidos por las voces de quienes preocupa el mecanismo de una Asamblea Constituyente, proponemos unos principios básicos que fundamentan su necesidad y pertinencia, al igual que sirven de límites al Constituyente Primario en favor del Estado social de derecho: respeto por la parte dogmática de la Constitución de 1991, pluralismo, plurilateralidad, participación política directa, Institucionalidad y eficacia. [8]

El CECEC seguirá promoviendo la pertinencia de una Asamblea Nacional Constituyente en tanto que se erige en el mejor mecanismo para la generación de un sólido consenso necesario para el fortalecimiento de la democracia y en una alternativa para la solución de problemas estructurales que no fueron superados con la Constitución Política de 1991, que no solo debilitan el Estado sino que sirven de germen para un nuevo conflicto social.

 


[1]http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2028%20comunicado%2017%20de%20mayo%20de%202017.pdf

http://www.semana.com/nacion/articulo/fast-track-corte-constitucional-tumba-voto-en-bloque/525563

 

[2] El art. 23 de la Constitución política prescribe que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento



[3] Los registros de la Unidad de Víctimas señalan que hay 12 crímenes prevalentes en las denuncias: desplazamiento forzado, homicidio, mutilaciones por minas, secuestro, tortura, reclutamiento de menores, despojo de tierras, agresión sexual, amenazas y atentados, desaparición forzada y robo de bienes

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16565045



[4] El art. 374 de la La Constitución Política expresa que ésta sólo podrá ser reformada por el Congreso mediante actos legislativos, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo



[5] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13309515



[6] http://colombia2020.elespectador.com/politica/farc-insisten-en-asamblea-nacional-constituyente



[7] https://www.youtube.com/watch?v=aQzchrnHVyU

http://www.centrodemocratico.com/?q=articulo/columnapor-una-constituyente-democratica



[8] Principios que son desarrollados en el texto completo, el cual podrá encontrar en www.cecec.co




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